¿Ahorro con el gas canalizado? Las medias verdades de Goldman Sachs (Redexis Gas) y sus cómplices locales.



9-4-2018
En un contexto donde el Tribunal Supremo mantiene el no a la autorización administrativa de la regasificadora de Granadilla y la CNMC, ante el temor de que estemos ante una nueva obra injustificada y deficitaria para el sistema gasista, tampoco le da el visto bueno porque falta un estudio de la demanda de gas en la isla y que se demuestre su viabilidad económica.
Con ese marco de fondo el escenario que nos dibuja Goldman Sachs y el gobierno autónomo es el de más infraestructuras para introducir un combustible fósil en forma de gas canalizado, con el argumentario del ahorro económico y menos contaminación, cuando las tendencias futuras indican, como así lo confirma la Agencia Internacional de las Energía Renovables IRENA, dentro de la transición energética en la que nos encontramos, que la reducción de GEI y el  ahorro de costes vendrán de la mano de las tecnologías renovables.
Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Asamblea Ciudadana contra el Gas cuestionamos las bondades del gas canalizado que los portavoces de Goldman Sachs y sus cómplices locales enumeran con amplia presencia en los medios. Sobre todo, cuando insisten en el ahorro como principal argumento para captar, con medias verdades, clientes ingenuos para revalorizar las acciones de su estructura financiera de cara a la venta de Redexis Gas, cuyo proceso parece estar bastante avanzado, al consorcio chino CK Infraestructure Holding (CKI), del magnate Li Ka Shing. Aunque la sentencia del TSJC de 9 de marzo, anulando buena parte del articulado del decreto 345/2015 que regula los trámites de concurrencia y de convocatoria pública de los proyectos municipales de aire propanado, significa un serio revés para los planes de Redexis Gas en las islas.
En la Península existe una cultura del gas canalizado justificada por razones climáticas para la calefacción que es una de los consumos principales de este tipo de energía, pero en Canarias ni existe ni es necesaria como lo reconocía Salvador García, ex director de refinería de CEPSA de S/C, el cual comentaba en una entrevista1 que en las islas no era necesario el gas porque con el buen clima que hay no se producían consumos altos ni en calefacción ni en aire acondicionado, también,  porque no tiene un sector industrial desarrollado y por ser un territorio fragmentado que no justifica las grandes infraestructuras que conlleva esta tecnología y, especialmente, puede ser contradictorio  pues a medida de que aumente el volumen de renovables en los sistemas insulares, el consumo eléctrico con energía convencional se irá reduciendo y eso significa que las inversiones que se hagan para rentabilizar el gas cada vez tendrán menos incentivos, porque el consumo de gas no aumentará, sino que disminuirá.
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  1. Salvador García: ´El gas no es una necesidad para Canarias´ Diario de Avisos, 26/06/12
Independiente de lo que diga la normativa sectorial de aplicación en los proyectos municipales de gas canalizado en ocho localidades de Tenerife y Gran Canaria, los alcaldes y los grupos de gobierno de las administraciones locales afectadas no pueden ser cómplices de la estrategia comercial de una multinacional que al final acabe perjudicando las economías familiares, la de pequeñas y medianas empresas del sector servicios y turismo. Puesto que toda entidad pública debiera velar por el interés general de la ciudadanía y el medio ambiente que es lo que corresponde, también, en cumplimiento de los objetivos de la cumbre de Paris del 2015.
Dentro del argumentario de Goldman Sachs (Redexis gas) y sus cómplices locales para captar futuros clientes del aire propanado, primero, y gas natural después, está el del ahorro que tendrían las familias canarias, las empresas y el sector turístico. Desde un 10% a un 60%, según el combustible sustituido. Porcentajes recogidos en el Decreto 345/2015, de 15 de octubre, y que también señala en declaraciones públicas el director de diversificación de negocio de Redexis Gas, Miguel Mayrata (Diario de Avisos, 26/11/17).
Los porcentajes de ahorro los establecen con respecto a los precios actuales, pero no se comenta nada de cómo van a evolucionar en el futuro y que, tratándose de combustibles fósiles, van a incrementarse con total seguridad, por lo tanto, cuando menos estos proyectos municipales de aire propanado tienen más incertidumbre que certezas sobre sus bondades.
En este sentido, el objetivo de estas líneas, dentro de la estrategia de la política sectorial oficial de incrementar la demanda de gas natural para justificar la regasificadora de Granadilla, es demostrar por qué la creación del subsector gasista en Canarias, con el actual sistema de peajes de acuerdo al Real Decreto 18/2014, al final no se va a ahorrar como nos está contado Redexis Gas sino, todo lo contrario, encarecerá la factura del gas, aumenta la dependencia, obstaculiza el autoconsumo fotovoltaico y dificulta la mitigación del cambio climático.
Cómo se puede estar haciendo estas afirmaciones, medias verdades, cuando sabemos que la tendencia futura de los precios de los combustibles fósiles va a ser la de subir y los de las energías renovables bajar. La Agencia Internacional de las Energías Renovables IRENA reconoce que desde 2010 el coste de la energía solar ha bajado nada menos que un 73%, mientras que, en el mismo espacio de tiempo, el precio del gas doméstico en España ha subido un 50%. ¿No es una temeridad estar vendiendo a las familias y a las empresas el ahorro como una ventaja del gas canalizado cuando nos encontramos en un contexto de transición energética donde las renovables están desplazando a unos combustibles fósiles que representan el pasado, contaminación y cambio climático?. Y lo que es más grave aún, el silencio sobre los peajes del sistema gasista que encarecerán el recibo del gas, es decir, junto al déficit estructural del sistema que actualmente, con el cierre del almacén subterráneo de gas Castor, supera los 2.000 millones de €, los clientes del gas canalizado tendrán que asumir los costes de infraestructuras fracasadas y que en los peajes para el año 2018 significan una factura de unos 388,9 m€ en unos costes globales del sistema estimados en 3.017 m€.
Veamos a continuación los peajes del sistema gasista para el 2018 publicados en el BOE en la Orden ministerial de 27 de diciembre pasado que van a parar injustamente, lo mismo que se hace con la factura de la luz, a los ciudadanos a través de la factura del gas canalizado y que son los siguientes:
  • Regasificadora de Musel, 23,5 millones, infraestructura terminada que no ha entrado en funcionamiento por un recurso estimado por el TS.
  • Almacén Castor, 96,3 millones
  • Déficit del sistema gasista año 2016, 90 millones.
  • Ampliación de las regasificadoras de Cartagena y Huelva, 60,8 millones
  • Laudo arbitral de 2010 a favor de la multinacional gasista argelina Sonatrach y en contra de Gas Natura, 33,5 millones.
  • Déficit acumulado a 2014 del sistema gasista, 79,4 millones y 5,4 millones déficit de 2015.
Los 388,9 millones de € que encarecerán la factura del gas este año y que, en cantidades similares, lo hará en las siguientes anualidades.
En este sentido, Javier García Breva afirmaba con la claridad y contundencia en su artículo “El coste político del gas: el sector siempre gana” 28/11/17. Lo siguiente:
“La baja demanda, la infrautilización de las infraestructuras gasistas, la falta de competencia y la dependencia del gas importado hacen que los peajes del gas en España sean un 45% más caros que la media de la UE, un 50% más caros que en Francia y seis veces más caros que en Alemania, como ha denunciado la asociación Gas Industrial. La mala gestión empresarial y política se traslada siempre a los consumidores finales”
Por otro lado, en otra dirección, observamos como en buena parte de los ayuntamientos europeos y sector económicos se está haciendo justo lo contrario para acercarse al cumplimiento de los objetivos de la cumbre de París de 2015:
  • Ámsterdam tiene ya una planificación para ir sustituyendo progresivamente el gas canalizado por tecnologías más limpias.
  • El recinto ferial de Madrid, Ifema, ha sustituido el gas por geotermia de baja temperatura ahorrando en la factura unos 40.000€ al año y reduciendo en 200 Tm las emisiones de CO2.
  • El sector agrícola holandés que consume el 10% del total del gas del país, especialmente en la climatización de invernaderos, para cumplir los objetivos de emisiones y hacer frente al aumento del precio del gas natural, se está sustituyendo esta tecnología por geotermia consiguiendo ahorros de hasta un 50%.
  • En un comentario sobre el artículo “El gas natural: un 30% de ahorro frente al diésel y un 50% con la gasolina” del Confidencial 4/11/15, se decía lo siguiente: …yo también me acuerdo cuando hace 5 años pagaba menos que la mitad que lo que me clavan ahora por el gas natural que consume mi caldera de casa para la calefacción y el agua caliente. Si llego a saber lo que me esperaba de factura todos los meses, hubiera removido Roma con Santiago para buscar una alternativa más económica…
Con este panorama y que la política energética del 2018, en islas con abundantes recursos renovables, esté justificando la construcción de costosas infraestructuras para la introducción de un nuevo combustible fósil cuando ya Canarias depende en más de un 90% del petróleo, es un indicativo de que el gobierno de turno no está entendiendo los retos actuales del debate energético. Dicha política es errónea y obstaculiza, alargando en el tiempo, la transición de los sistemas insulares hacia un modelo energético basado en la generación distribuida con renovables, el ahorro y la eficiencia.
La consejería de industria y energía del gobierno autónomo y el cabildo de Tenerife, sin política energética propia, lo que están haciendo es apoyar el gas natural porque es necesario para la transición que le interesa a Endesa, REE y Enagás puesto que conserva la generación concentrada en el sistema insular que constituye la base de su monopolio, impidiendo su descentralización que es lo que habría que priorizar en estos momentos a través de la generación distribuida, el ahorro, la eficiencia y el autoconsumo con contadores reversibles para el balance neto y, posteriormente, la digitalización de la energía con las baterías en red.
Por lo tanto, los proyectos municipales de gas canalizado hay que situarlo en el contexto de buscar clientes para incrementar la demanda de gas en Tenerife, quedado en evidencia las medias verdades del argumentario de los que quieren prolongar nuestra dependencia de los combustibles fósiles, al mismo tiempo, que alejarnos del autoconsumo fotovoltaico muchísimo más barato que cualquiera de sus ofertas y, sobre todo, indigna el silencio sobre el incremento que los peajes del sistema gasista producen en la factura del gas canalizado, peajes que estamos padeciendo, también, en la factura eléctrica actual.
En consecuencia, los ayuntamientos y los ciudadanos no podemos participar en una estrategia comercial engañosa que pretende convertirnos en titulares de una deuda, resultado de una mala planificación sectorial, que no se corresponde con los costes de los servicios energéticos que vamos a recibir.
Por Antonio Cabrera, de la Px1NMEC y de la Asamblea Ciudadana contra el gas.

Condenan a Gas Natural a pagar casi 7 millones de euros por la explosión de Gaspar Arroyo.



12-4-2018

Casi once años después de producirse la tragedia, se produce una sentencia histórica en Palencia. El Juzgado de Instrucción número 1 de Palencia ha condenado a la empresa Gas Natural y a la compañía aseguradora Mapfre al pago de casi 7 millones de euros en concepto de indemnizaciones por daños y perjuicios por la explosión de gas del 1 de mayo de 2007 en la calle Gaspar Arroyo.

El suceso que se saldó con nueve muertos y una treintena de heridos,  produjo además el derrumbe tres edificios y cuantiosos daños en otros que tuvieron que ser abandonados durante un periodo de tiempo por sus inquilinos. Estamos ante una resolución “pionera en España”, según la Asociación de Víctimas.
La sentencia no es firme, y contra la misma cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Palencia. Da por probado que se produjo una fuga en la válvula de acometida en el número 4 ante el deficiente estado del tubo de polietileno que se encontraba suelto.
La resolución supone que no se dé credibilidad a la tesis que mantenía Gas Natural que defendió que el origen de la deflagración pudo estar en una bombona. Los demandantes, y en especial la Asociación de Víctimas por la explosión de gas, se apuntan un importante e histórico éxito tras ver cómo la vía penal se archivaba, archivo que fue recurrido sin éxito.
Ahora habrá que esperar a la reacción de Gas Natural, aunque todo apunta a que recurrirá. Las indemnizaciones más elevadas corresponden a Provilsa, con 2,26 millones de euros; al Ayuntamiento de Palencia, 539.000 euros; y a la aseguradora Allianz, con 566.000 euros.

La Federación Empresarial Canaria no entiende que el Gobierno anuncie "a diario" el compromiso con las renovables y apueste por el gas.




6-4-2018

Una de las patronales que conforma la agrupación Cecapyme, la Federación Empresarial Canaria (FEC), ha instado este viernes al Gobierno de Fernando Clavijo a que se replantee sus planes para construir redes de gas ciudad canalizado en Gran Canaria y Tenerife.

A su juicio, "parece un contrasentido apostar por la invasión del territorio, creando una red de tuberías de unos 2.900 kilómetros, sin informes medioambientales que avalen esta intervención, ni informes de seguridad de las personas y las cosas, cuando existen medios alternativos para llegar a la posible demanda a través de vehículos de transporte autorizados, como se hace en la actualidad".

La FEC sostiene que "es una buena noticia que existan en Canarias nuevos operadores de gas para atender la posible demanda que haya, porque eso equilibra la oferta y los precios".

Sin embargo, también cree "del todo sorprendente que, sin un estudio de demanda riguroso y demostrable, el Gobierno de Canarias permita acometer una red de tuberías en el territorio, para, posiblemente, atender a una cantidad de usuarios que podrían recibir perfectamente el suministro a través de transportes".

"El Gobierno de Canarias tiene una oportunidad histórica de replantearse la implantación del gas canalizado, una vez que la Justicia ha tumbado el concurso de adjudicación que se ha puesto en marcha", opina.

Además, se preguntan cómo es posible que si el Gobierno de Canarias "anuncia casi a diario" su compromiso con las energías renovables, se apueste al mismo tiempo "por una red de tuberías de gas para, en el mejor de los casos, cinco años de actividad".  

Fuente: "eldiario.es" "Canariasahora" 
Artículo aquí: https://www.eldiario.es/canariasahora/energia/Federacion-Empresarial-Canaria-Gobierno-compromiso_0_758024631.html

El Comité Regional del PSOE dice ‘no’ a las primarias abiertas y al gas ciudad.



8-4-2018
El Comité Regional del PSOE Canarias ha rechazado de manera rotunda tener un modelo de primarias abiertas para la elección de candidaturas a la presidencia del Gobierno de Canarias, así como la implantación del gas ciudad.
El máximo órgano de control del Partido Socialista en Canarias, reunido este sábado en Santa Cruz de Tenerife, ha rechazado de forma contundente (87 votos en contra, 17 a favor y 8 abstenciones) una resolución presentada al Comité Regional, en la que se proponía realizar el proceso de primarias abiertas en los municipios de más de 50.000 habitantes donde el PSC-PSOE no gobierne ni cogobierne.
Del mismo modo, ha rechazado, de manera categórica, con 92 votos a favor, 1 abstención y ningún voto en contra, la implantación del gas ciudad en Canarias. La apuesta socialista es por el uso de energías limpias.
Se pone de manifiesto que el PSOE Canarias entiende la necesidad del gas natural, por ejemplo, para el suministro a buques, pero rechaza la implantación en las islas del gas ciudad, al considerar que se trata de un modelo innecesario, costoso y que constituye un obstáculo para el desarrollo de un modelo energético basado en las energías limpias y no contaminantes.
Por otra parte, el Comité Regional aprobó diferentes resoluciones como la necesidad de que la reforma electoral en Canarias sea una realidad en las elecciones de 2019, que respete la proporcionalidad sin detraer ninguno de los diputados designados actualmente. Debe añadirse uno a Fuerteventura y, con respecto a las barreras, la propuesta rebajar las insulares del 30% al 15% y del 6% al 3% las regionales. La fórmula debe ser a través de lista regional y cualquier otra, que cabe consensuar, tendrá que ser aprobada en un congreso o a través de la militancia. En caso de que no se consiga reformarla en Canarias tendrá que hacerse en Madrid, en el Congreso de los Diputados.
Además, se aprobaron resoluciones para la mejora de los sistemas públicos, entre los que se destaca la necesidad de derogar la reforma laboral para garantizar el sistema público de pensiones; un Sistema Sanitario de derechos universales trabajando en la modernización, el fortalecimiento y la sostenibilidad de una Sanidad Pública de calidad y con financiación y provisión pública; la aprobación de una resolución para la defensa de la Ley de la Memoria Histórica; también exigir al Gobierno de España que firme el convenio de carreteras e instar al Gobierno de Canarias que ejecute mejor las partidas económicas para infraestructuras viarias.
Juventudes Socialistas solicitó al PSOE Canarias que denuncie la precariedad laboral de los jóvenes y que el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias proponga una Proposición No de Ley que muestre el rechazo de la cámara a la actual regulación de los contratos en prácticas, así como el de formación y aprendizaje.
Entre otras resoluciones llevadas el mismo día por miembros del Comité a este órgano, no prosperó una que exigía que el PSOE votara, junto a otras formaciones políticas, propuestas que tuviesen paridad. En ese sentido se defendió que el PSOE cumple siempre con sus propuestas paritarias y lo reclama a otras formaciones políticas. En cualquier caso, se añadió que el PSOE ha realizado propuestas de ley para que la paridad sea obligatoria en las propuestas que se hagan con otras formaciones políticas.
De la misma manera, se aprobó unánimemente (votos a favor 89, ninguno en contra y 4 abstenciones), otra resolución presentada el mismo día, sobre la movilidad y el problema del cierre nocturno del aeropuerto Reina Sofía. Por ello el texto aprobado insta a denunciar la escasa previsión del área de Transporte y Movilidad del Cabildo de Tenerife, del Gobierno de Canarias, del Ministerio de Fomento y de Aena; así como que se apoye la construcción de la segunda pista en el aeropuerto de Tenerife Sur Reina Sofía, de acuerdo al Plan Director de 1977 que evite la repetición de esta situación en el futuro.
Finalmente, el Comité Regional del PSOE Canarias también aprobó los presupuestos presentados por la Ejecutiva, así como los ambiciosos planes de trabajo de las áreas del partido.
Tal y como afirmó el Secretario General, Ángel Víctor Torres, “este plan es nuestra apuesta de trabajo para una Canarias nueva, porque sin duda, otra Canarias es posible. Una Canarias basada en la Justicia Social, la Economía Solidaria, y el Territorio Sostenible”.


El TSJC tumba el decreto del gas





Fuente: "Canarias 7"


16/03/2018

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumba parcialmente el decreto 345/2015 del Gobierno de Canarias que regula los criterios de adjudicación del gas propanado. Considera que vulnera la legislación estatal y atenta contra la libre competencia. El TSJC da la razón a Disa.










El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha estimado parcialmente el recurso presentado por Disa Corporación Petrolífera, Disa Gas y Gasificadora Regional (las tres del grupo Disa) y declara nulos los artículos 1, 3, 4, 5, 6.2, 7.1, 7.3, 7.4 y 7.5, así como la disposiciones transitorias primera y segunda y el anexo II del decreto 345/2015.
Esta norma, aprobada por el Gobierno de Canarias, reguló la convocatoria pública del concurso de adjudicación del gas así como los criterios de valoración en el caso de que concurrieran varias empresas. Redexis resultó adjudicataria en ocho municipios y Gas Natural distribución en uno (San Bartolomé de Tirajana). Disa quedó fuera de todos.
Según entiende el TSJC, el decreto del Gobierno de Canarias «infringe la normativa básica estatal». Mientras que la Ley de Hidrocarburos prioriza, en caso de concurrencia de varias empresas, la que menos costes represente para el sistema (artículo 73.7), la norma del Gobierno de Canarias impone dos criterios que nada tienen que ver: la extensión de la red -a más kilómetros más puntuación- y la rapidez de la implantación -se valoró mejor la que más red pusiera en un municipio en el plazo de tres años-. «Lo determinante es que (estos criterios) contradicen y no respetan el de la realización al menor coste para el sistema gasista que no solo es el criterio básico sino que además constituye la piedra angular de la normativa tanto de la Unión Europea como de la legislación estatal», recoge la sentencia emitida el pasado 9 de marzo y notificada ayer a las partes (entre ellos, Redexis y Gas Natural, que son codemandados junto a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias).
El TSJC es muy critico con ambos criterios al buscar un único objetivo: canalizar el máximo posible sin tener en cuenta ni la rentabilidad ni el consumo real. «La norma estatal prima la eficiencia en beneficio del sistema para logar menores inversiones y menor carga para los consumidores (...) Por el contrario, los criterios del decreto recurrido premian la mayor extensión de la red sin vincularlo a la racionalidad, la necesidad de suministro, su rentabilidad..., de forma que un concurrente puede obtener preferencia con simplemente añadir unos metros al proyecto de un competidor sin justificación», reza en el fallo.
En este sentido, Disa siempre se quejó de que cuando se abrieron los sobres de las ofertas, los suyos estaban abiertos.
LIBRE COMPETENCIA. El TSJC anula la definición que hace el Gobierno en su decreto de la «zona de distribución». El Ejecutivo canario lo identifica con un municipio al completo mientras que la ley estatal lo define en función de las autorizaciones que va concediendo. Es aquí precisamente, donde el TSJCentiende que el decreto del ="/tag/-/meta/gobierno-de-canarias">Gobierno de Canarias atenta contra la libre competencia.
«El concepto de zona de distribución de la normativa sectorial gasista se basa en consideraciones de eficiencia económica y no descansa sobre la base de ámbitos geográficos-políticos completamente ajenos a la dinámica de la actividad como es el término municipal (...) Estos preceptos son contrarios a las normas básicas y a la libertad de empresa al transformar una iniciativa para la distribución de gas en una determinada zona, en otra que necesariamente coincida con el término municipal», dice el fallo.
Silvia Fernández




“Carlos Alonso falta a la verdad si afirma que la demora en la regasificadora de Granadilla es una cuestión de trámite”




Entrevista a Isidro López Neira, abogado de la Asociación Plataforma Ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla.

Fuente: "eldiario.es"



El Tribunal Supremo confirmó el 5 de marzo pasado la denegación de la autorización de instalación de la regasificadora de Granadilla, en la isla de Tenerife, al Ministerio de Industria y a la multinacional española Enagás (la titular del proyecto a través de Gascan), una noticia que se dio a conocer en Canarias tres días después. 
Tras ese fallo definitivo del Alto Tribunal, el abogado ambientalista de la Plataforma contra el Puerto de Granadilla, Isidro López Neira, se ha desplazado desde Madrid hasta Tenerife para, entre otras cosas, celebrar la sentencia del Supremo que confirma la anulación de la autorización administrativa de la regasificadora, dando así carpetazo al primer permiso para su construcción en el sur de la isla.
Esta sentencia del Tribunal Supremo no impide la elaboración de un nuevo proyecto, que ya se ha presentado y ahora está pendiente de una  nueva  autorización administrativa por parte del Ministerio de Industria. Además, cuenta por lo visto con un estudio de impacto aprobado. ¿Qué va a pasar ahora?
Tal y como está ahora mismo la situación jurídica, ni hay autorización administrativa ni puede haberla sobre el primer proyecto que presentaron. Ahora mismo, no se puede construir la regasificadora en Tenerife. Para poderla construir tendrían que hacerlo según el segundo proyecto que presentaron, el modificado, realizado porque previeron que podían perder ante el Supremo, tal y como les ha pasado. Por eso iniciaron un nuevo procedimiento con un nuevo estudio de impacto ambiental y una declaración de impacto ambiental. Sin embargo, para poder iniciar la construcción es necesaria una autorización administrativa que no está ni emitida ni solicitada. Y además la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ha dado un informe negativo. No es viable económicamente y presenta deficiencias técnicas. Nosotros hemos presentado alegaciones al estudio de impacto ambiental porque hace aguas por todas partes.
Para el Cabildo de Tenerife, la construcción de la regasificadora es una realidad que sólo está entre paréntesis por una “cuestión de trámite”. ¿Este “trámite”, en su opinión, cuanto puede prolongarse?
Por mucho que se empeñe el presidente del Cabildo de Tenerife en que esto sólo es una cuestión de trámite y que no va a haber ningún problema, sí lo va a haber y, en ese sentido, está faltando a la verdad. El tiempo juega a favor de las energías renovables y este proceso judicial puede prolongarse hasta el año 2025. En el momento en que haya autorización administrativa, la vamos a recurrir, primero en alzada ante el mismo Ministerio y, cuando nos digan que no, que evidentemente nos lo van a decir, nos iremos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ahí el proceso puede prolongarse alrededor de dos años o dos años y medio. Hasta que salga la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,  pueden pasar dos cosas: o que ganemos nosotros o que ganen ellos. Si ganan ellos, nosotros vamos a recurrir y, si ganamos nosotros, ellos tendrán que recurrir ante el Supremo. Esto supone otros dos años o dos años y medio de proceso. Luego, sí tienen un problema.
El tiempo juega en contra porque los combustibles fósiles son limitados; sin embargo, el Gobierno autonómico sigue sosteniendo que sí apuesta por las energías renovables y que no se trata de elegir entre éstas y el gas si no entre el gas y el petróleo, considerando el gas como “energía de acompañamiento hasta que las renovables se utilicen de manera mayoritaria”. ¿Están dando por hecho que no es posible pasar directamente de los combustibles fósiles a las renovables? ¿Les falta visión de futuro a los políticos?
Les falta voluntad política porque por supuesto se puede pasar directamente a las renovables. Los combustibles fósiles son limitados y con el tiempo se van a acabar. Las energías renovables están desarrollándose a gran velocidad y recurrir a combustibles fósiles a estas alturas es incluso contraproducente, porque se están abandonando. Algunos países de Europa ya han empezado a abandonar el gas natural, incluso en la Península también ha bajado su consumo. Además, no cuadran las cuentas. Recientemente, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha dicho que la instalación del gas en red en toda la isla va a salir por unos 1.500 millones de euros y la empresa Redexis informó, hace una semana aproximadamente, a los vecinos de Granadilla de Abona (donde pretendían instalarlo y el Ayuntamiento se ha negado) de que la instalación tendría una vida útil de 15 años. No han explicado por qué a los 15 años cesaría el suministro de gas, aunque nos podemos imaginar que el problema es que, sencillamente, se está agotando y de aquí a 15 años lo más probable es que ya no sea rentable extraerlo porque el precio sea muy elevado. Entonces, si la infraestructura cuesta 1.500 millones,  salimos a 1.000 millones de euros  por año de media. Para poder amortizar esa inversión, ¿quién va a pagar esos 1.000 millones por año? ¿Redexis? ¿El Gobierno de Canarias? ¿El Estado español? No, lo va a pagar el bolsillo del consumidor, porque la empresa se lo va a repercutir, con lo cual el recibo de gas puede llegar a una cifra astronómica, porque ese negocio evidentemente se hace para ganar dinero, no para perderlo.
Están ahora con el aire propanado (mezcla de aire y gas licuado) y eso no es más que una instalación previa  para introducir luego el gas natural licuado, que es lo que quieren en definitiva. Quieren un paso hacia el gas,  no un paso hacia las renovables.
¿Puede existir una alianza oculta entre Redexis y Enagás?
Hay hipótesis que yo no puedo confirmar. Evidentemente, hay rumores que apuntan a que toda esta operación en realidad estaría montada para incrementar el precio de Redexis (la distribuidora Goldman Sachs Infraestructure Partners puso a la venta Redexis por más de 1.200 millones el pasado mes de febrero). Es decir, si tuviera un proyecto para instalar el gas en Tenerife a un millón de personas, más o menos, y otro millón en Gran Canaria, la compañía daría un considerable salto en su cotización. Se trataría entonces de una operación, desde mi punto de vista, especulativa donde lo de menos es el interés de la ciudadanía.
¿Hay una resistencia al cambio hacia las renovables por interés económico y laboral que estaría bloqueando el proceso natural hacia las energías alternativas sin tener en cuenta el interés de la ciudadanía?
Las renovables generan muchos puestos de trabajo. La adaptación no es tan complicada. La central térmica de Granadilla tiene 80 trabajadores; las renovables generarían miles de puestos nuevos. Los empleados en el sector de los combustibles fósiles no son la resistencia al cambio. Los que tienen el problema son las compañías que ya tienen montada su inversión y sus instalaciones,  y no las quieren abandonar. Las quieren amortizar como sea. ¿Dónde queda el interés general? ¿Dónde queda el interés público? En Tenerife, el 71% de la población  no quiere el gas. Otra locura. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ha sido clara: no existe un estudio de los demandantes. Puede que ocurra que se gasten los millones y cuando llamen a las puertas de las casas (y más en Canarias, donde no hace falta calefacción) se encuentren con que la gente no quiere instalarse el gas, entre otras cosas porque es más caro.
Ahora mismo estamos pagando, solo en la central térmica de Granadilla, 300 millones de euros al año de fuel-oil y gasoil. Trescientos millones al año durante 10 años son 3.000 millones con los que se podrían poner placas solares en aproximadamente medio millón de hogares canarios.
¿Qué les diría a los políticos que mantienen que el gas natural licuado es el futuro del transporte marítimo sostenible y que “vamos a perder ese tren”?
Que no puede ser sostenible una energía fósil que en unos años desaparecerá. Y que ni los mismos instaladores se comprometen a mantener la infraestructura más de 15 años. Es una auténtica locura, una irracionalidad. El futuro de los barcos es el hidrógeno. Hay unos intereses económicos muy fuertes y no hay que ser una lumbrera para darse cuenta de ello. Lo que ocurre es que hay políticos que están ajenos a ese interés económico, como el presidente del Cabildo de Gran Canaria, que se posiciona claramente a favor de las renovables. Además, es una simple cuestión de visión política: saben que es el futuro y lo que va a apoyar la población. 
¿Cómo cree usted que terminará todo este proceso?
Lo veo inviable desde todos los puntos de vista. Hemos ganado el primer asalto pero no la batalla. Dentro de unos años podrían disponer de la autorización del Tribunal Supremo para construir y eso llevaría su tiempo y, sinceramente, no sé si a esas alturas le interesará la regasificadora a alguien más, aparte de la empresa constructora, que sería la única a la que le saldrían las cuentas. Sinceramente, todo apunta a que se trata de una tecnología que pronto quedará obsoleta y que había que intentar amortizar antes de que desaparezca por completo. Parece que vieron en Canarias un potencial nicho de mercado en el que recolocarla pero se están encontrando con que aquí no somos tontos. Invierten porque es lo único que saben hacer y no se dan cuenta de que la transición a las energías renovables no es algo que pueda demorarse más tiempo. Todo lo que no sea invertir directamente en ellas, a estas alturas, es tirar el dinero. Para ello se necesita un cambio de conciencia y un cambio de intereses, de prioridades. Iberdrola, sin ir más lejos, está dando un vuelco hacia las renovables porque se han dado cuenta de que ese es el camino.
María D. Pérez

LA SENTENCIA DEL SUPREMO SUPONE QUE LA REGASIFICADORA DE GRANADILLA ESTARÁ PARADA HASTA EL 2024


Fuente: Radio San Borondón.

SB-Noticias.- De producirse una explosión en la Regasificadora, los efectos equivaldrían a cuatro o cinco bombas de Hiroshima. En un área que afectaría a varios pueblos cercanos al Puerto, morirían todas las personas
Elena Martín Fierro, de la Asamblea Ciudadana contra el Gas, Agustín González y Araceli Reymundo de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético para Canarias e Isidro López de la Plataforma contra el Puerto de Granadilla, han ofrecido este viernes una Rueda de Prensa, en la que informaron acerca de la reciente anulación de la autorización administrativa de la Regasificadora de Granadilla. 
Foto: Isidro lópez Neira, abogado de la Asociación Plataforma ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla (participó desde Madrid por videoconferencia).


La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 16 de marzo de 2015, que anuló las resoluciones de la Dirección General de Política Energética y del Secretario de Estado de Energía, de 2012, que otorgaron autorización administrativa a la Compañía Transportista de Gas Canarias, S.A. para la construcción de una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en el término municipal de Granadilla.
El Supremo desestima los recursos tanto de la Administración del Estado como de la empresa Gascan, S.A., contra la sentencia del TSJ de Madrid, que tomó su decisión al estimar un recurso de la Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla.
Los miembros de la Plataforma afirman que el Tribunal Supremo ha desautorizado en toda regla al Ministerio de Industria y a Enagas en su objetivo de instalar la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas licuado en el Puerto de Granadilla.
La Regasificadora estará parada como mínimo seis años

Las organizaciones aseguran que la consecuencia fundamental de este varapalo del Supremo a la regasificadora es que, de hecho, para que el Tribunal Supremo valide la autorización tendrán que pasar, como mínimo, seis años “y estamos convencidos -afirmó Elena Martín Fierro de la Asamblea Ciudadana contra el Gas - de que en este tiempo los protocolos del clima estarán más adelantados y será mucho más evidente lo innecesario del gas frente a las renovables.

Isidro López, abogado ambientalista de la Plataforma contra el Puerto Industrial de Granadilla, autor de los distintos recursos presentados, explica que a partir de ahora, a nivel jurídico, se vuelve a reiniciar nuevamente el mismo proceso, lo cual permitirá ganar tiempo fundamental para trabajar a favor de un nuevo modelo energético y además debido al agotamiento del gas, ya no será rentable realizar esta inversión.

De hecho, el abogado explica que Gascan podría obtener este mismo mes la autorización administrativa y “revivir” la Planta de Gas, sin embargo, eso va a suponer que de inmediato la Plataforma presente un nuevo contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y tanto si éste da la razón a la Plataforma o a Enagas, quien pierda recurrirá al Supremo, por lo que el jurista garantiza que hasta 2024, como mínimo, el proyecto de la Regasificadora estará parado.

Los medios de comunicación distorsionan la noticia

Lamentan que la mayoría de medios de comunicación no se hayan hecho eco de tan importante noticia, distorsionando la realidad y planteando que la sentencia no parará la regasificadora.

Critican asimismo las declaraciones del Presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y dicen que miente cuando afirma que la sentencia del Supremo no es un freno al proyecto. Además acusan a las instituciones canarias de funcionar como auténticos Lobbys de las empresas que pretenden instalar el gas.

Una auténtica bomba de relojería
Se muestran muy críticos con el estudio de impacto ambiental de la Regasificadora, donde se llega a afirmar que carece de peligro y que sólo se han constatado unos 4 o 5 accidentes en el mundo, cuando aseguran tener constancia de más de 60.

Insisten en las nefastas consecuencias de producirse una explosión en la regasificadora. Isidro López recuerda que la instalación consistiría en 12 depósitos de 150.000 litros de gas natural licuado cada uno, lo que sumado a un barco metanero que entre con 200.000 litros, “hablamos del equivalente a 4 o 5 bombas de Hiroshima cuyos efectos, de producirse un accidente, llegarían a Arona, pero en un área más cercana que afecta a varios pueblos cercanos al Puerto de Granadilla y un area mas cercana con varios pueblos moriría todo el mudo”.

Distribución del aire propanado
Aunque la distribución del aire propanado en distintas ciudades del Archipiélago a cargo de Redexis, es independiente de la Regasificadora, sin embargo si consideran que en último término, las intenciones son llegar a instalar la regasificaora y distribuir el gas.

El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por el Estado y Enagás, y confirma la anulación de la autorización administrativa de la regasificadora de Granadilla.




El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por el Estado y Enagás, y confirma la anulación de la autorización administrativa de la  regasificadora de Granadilla.
  
La resolución dictada el 5 de marzo es una victoria de los movimientos sociales y políticos que han luchado desde hace ya casi dos décadas contra estas infraestructuras que han primado el beneficio de unos pocos, frente a los intereses de la inmensa mayoría de la ciudadanía canaria y del medioambiente de nuestras islas.

Tras un recurso de Alzada de julio de 2012 de la autorización administrativa del proyecto de la planta regasificadora  de Granadilla, que fue denegado el 3 de enero de 2013, se interpuso otro recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que fue estimado el 16 de marzo 2015 y dio  lugar a la  paralización del proyecto anulando la autorización administrativa.

Posteriormente Enagas y la Abogacía del Estado recurrieron en casación al Supremo en 2015 produciéndose este último pronunciamiento que “supone una derrota jurídica para quienes niegan  la evidencia de que la introducción del gas en Canarias es un disparate jurídico, económico y medioambiental”.

Si bien la decisión está basada en un defecto de forma, del Estudio de Impacto Ambiental, que no contempló un estudio sinérgico de los riesgos acumulados de la instalación, lo cual no impide la elaboración de un nuevo proyecto futuro, como así se ha hecho, estando pendiente de la autorización administrativa de la DIA.

“Esta es una victoria clara que hace más evidente aún si cabe, el disparate que supone la inversión multimillonaria avalada con recursos públicos de la canalización de Gas propanado en las islas, que pretende la empresa Redexis, filial española de la multinacional Goldman Sachs y reafirma la posición de la ciudadanía canaria que en un 71% se opone a la introducción de este combustible fósil en las islas, como demostró una macro encuesta de la Universidad de La Laguna en 2014 encargada por el Gobierno de Canarias” manifiestan desde la Plataforma contra el Puerto Industrial de Granadilla. 

Desde este movimiento social se añade que, “con esta sentencia el Tribunal Supremo ha detectado un grave defecto de forma en la Declaración de Impacto Ambiental de la planta regasificadora anexa al Puerto de Granadilla que anula la autorización administrativa para su construcción “. Al mismo tiempo desde la Plataforma seguirán trabajando por el desarrollo de los Acuerdos de París contra el Cambio Climático, que promueven el desarrollo de un nuevo modelo energético basado en energías renovables, que descentralice la producción energética, permitiendo el autoconsumo, el ahorro y la eficiencia energética, y reiteran que “si el Gobierno de Canarias volviera a presentar otro proyecto de este tipo, la sociedad canaria no dudará en volver a los tribunales y a las calles para paralizarlo”.

La Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla coincide con la apreciación del investigador Jeremy Rifkin, que definió a nuestras islas como “un paraíso de las renovables” y no tiene dudas de que “la ciudadanía canaria apuesta por  la generación de energía con fuentes renovables como la eólica, fotovoltaica o la geotérmica, siguiendo los ejemplos de Azores o Islandia, islas atlánticas que generan más del 80% de su energía de fuentes renovables entre ellas con geotermia de alta entalpía”.

Manifestamos la felicidad de sentir que la justicia existe, en este  caso, para frenar proyectos innecesarios, peligrosos y obsoletos como este, y expresamos nuestra satisfacción por haber colaborado con los colectivos que llevan años clamando por esta resolución y con las decenas de miles de personas que han firmado en contra del gas en Canarias. Y nos alegramos al pensar que aún es posible un futuro a corto y medio plazo donde la soberanía energética sea una realidad, donde Canarias sea un referente en la implantación y el desarrollo de las energías renovables. Todavía hay esperanza para Canarias en un futuro que no siga destruyendo el planeta, ni colaborando en guerras horrendas por los combustibles fósiles. Esperamos que pronto haya una solución para ir sustituyendo por renovables los combustibles en automoción, hoy se nos ha cumplido a muchos un sueño cargado de esperanza


Asociación Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla.


Enagas se tapa los ojos, en Granadilla, ante el gran riesgo de accidentes de los barcos metaneros por tormentas tropicales.




La Declaración de Impacto Ambiental para la planta regasificadora no contempla la posibilidad de accidente de un barco metanero por la incidencia de una tormenta tropical, en el puerto de Granadilla.


En la Declaración de Impacto Ambiental (Proyecto modificado) que fue presentada por Enagas para la regasificadora, previendo un fallo negativo del primer proyecto rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y actualmente pendiente de resolución en el Tribunal Supremo, se presentan unos informes de seguridad opacos e incomprensibles, en los que hace referencias a fórmulas y estadísticas que no muestra en ningún momento.

Por ejemplo: un escenario que no contempla el estudio de seguridad, es el accidente de un barco gasero en el puerto debido a los altos vientos reinantes en la zona.

Pero es que esta posibilidad se ve agravada por el fenómeno de las tormentas tropicales que están azotando Canarias y que aumentan la probabilidad de un accidente marítimo en el puerto cuando circulara o estuviera descargando gas, un barco en esa instalación márítima.

La última tormenta tropical conocida como “el Delta” golpeó la isla de Tenerife en el 2005 provocando vientos de 150 kms en la costa y de 270 kms en la cumbre del Teide. Esto se puede comprobar en la web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como consultar un prolijo estudio realizado sobre la tormenta en este enlace:

Las previsiones son de que las tormentas tropicales en Canarias, vayan en aumento ya que la franja cálida situada en el ecuador del planeta se está ensanchando debido al calentamiento global, y así parece demostrarlo las alarmas que ha tenido Tenerife en el año 2012 con la tormenta tropical Nadine y en el 2013 con la tormenta tropical Humberto que afortunadamente no llegaron a la categoría del Delta cuando tocaron la costa de Tenerife. En el 2017 se dio la proliferación de enormes tormentas desde finales de verano, como los devastadores Harvey, Irma y María.

En el año 2005 la tormenta tropical Delta, provocó que el barco Juan J. Sister atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, rompiera las amarras de popa, por lo que el capitán decidió liberar del todo el buque. La embarcación intentó salir al mar abierto, lo que tampoco consiguió al no disponer de arrancada suficiente como consecuencia de las adversas condiciones meteorológicas comenzando a marchar rápidamente hacia el muelle Sur por la fuerza del viento.

El fuerte viento rompió las amarras del Juan J. Sister provocando que se dirigiera hacia el muelle sur empotrándose contra un remolcador que se hundió poco después. Pese al esfuerzo del capitán del buque, por salir del puerto esto no fue posible por la fuerza del viento que precisó la ayuda de dos remolcadores para poder atracar.

Una velocidad del viento de 60 nudos en el puerto, de Santa Cruz de Tenerife, produjo la catástrofe rompiendo las amarras de un buque con una eslora de 151 metros y un registro bruto de 22.940 toneladas. El buque no pudo salir a mar abierto y tampoco pudo realizar maniobras de atraque dentro del puerto, viéndose obligado a pedir ayuda a dos remolcadores, que tampoco pudieron socorrerle hasta que la velocidad del viento bajó a 30 nudos.

El J.J Sister sufrió importantes averías en el casco y al encontrarse sin control dentro del puerto hundió un remolcador que se encontraba amarrado en el mismo, al empotrarse contra él.

60 nudos son equivalentes a 111,12 kilómetros por hora, pues bien, en el estudio realizado durante tres años por el organismo público "Observatorio Ambiental de Granadilla" en el año 2012 se registraron vientos de 99´6 kilómetros por hora, en la bolla situada en el mar, en lo que sería aproximadamente la entrada al futuro puerto. En el año 2013 los instrumentos registraron vientos máximos de 106´3 kilómetros por hora y en el 2014 se alcanzó un máximo de 122´5 kilómetros por hora, 11 kilómetros más que la velocidad alcanzada en el año 2005 en el puerto de Santa Cruz de Tenerife con la tormenta tropical "DELTA". Además es evidente que existe una clara tendencia al aumento de la velocidad del viento en los últimos años.

Con estas cifras obtenidas de estudios de la propia administración no se puede afirmar que un posible accidente de un barco gasero, atracado  en el el muelle del puerto de Granadilla, sea un suceso improbable, debido a la fuerza del viento en un momento puntual...Un estudio de seguridad que no contemple esta posibilidad debe rechazarse por incompleto.

Sin embargo, los del "sí a todo si hay dinero" los que se olvidan de los intereses del pueblo canario, siguen insistiendo en poner en peligro a la población.


Isidro López Neira. Abogado ambientalista, miembro de la Asociación Plataforma Ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla.